[Episcopal News Service] Más de 50 obispos de la Iglesia Episcopal se encuentran entre centenares de voces que llegan hasta el Tribunal Supremo de EE.UU. mientras examina la constitucionalidad de las prohibiciones de viajar a este país impuestas por el presidente Donald Trump.

Los obispos, entre los cuales los hay en ejercicio y jubilados, le han advertido al alto tribunal que la prohibición viola la cláusula de la Constitución que le impide al gobierno el establecimiento de una religión oficial, al actuar de una manera que indebidamente favorezca a una religión en detrimento de otra o de prohibir a las personas el ejercicio de su fe.

La principal interrogante que enfrentan los magistrados del Supremo es si cualquier presidente puede impedir viajes e inmigración a Estados Unidos basándose en la nacionalidad y se esa prohibición contradice el poder sobre tal inmigración y viajes dada al Congreso en el Artículo I de la Constitución. El estado de Hawái y otros le han pedido al Tribunal Supremo que revise la prohibición de Trump. El tribunal oyó argumentos sobre el caso el 25 de abril en la última vista programada de este período.

El decreto de Trump suspende la entrada al país, sujeta a excepciones y dispensas en casos particulares, a ciertas categorías de personas proveniente de ocho países que no comparten adecuada información con Estados Unidos o que presentan otros factores de riesgo.

Un grupo de manifestantes se reúne frente al Tribunal Supremo de EE.UU. en Washington, D.C., el 25 de abril, mientras los magistrados del tribunal examinan un caso sobre los poderes presidenciales que sopesa la legalidad de la última prohibición de viajes del presidente Donald Trump que excluye a personas provenientes de países de mayoría musulmana. Foto de Yuri Gripas/REUTERS.

Otros  adversarios [de los decretos] han argüido que los discursos de campaña de Trump y sus mensajes en Twitter sobre los musulmanes eran un claro indicio de que la prohibición se dirige a un grupo religioso en particular y no se justifica con razones de seguridad. La prohibición busca reducir los viajes de personas provenientes de ocho naciones —Chad, Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Venezuela y Corea del Norte — seis de las cuales son predominantemente musulmanas. Recientemente, el gobierno quitó a Chad de la lista.

Los 57 obispos les dijeron a los magistrados en un memorial amici curiae (amigos del tribunal)  que uno de los principios centrales de la Iglesia Episcopal es un llamado “a acoger y asistir a forasteros, especialmente a los que pobres, enfermos y más necesitados de ayuda, a proporcionar un seguro asilo a todos los que buscan libertad huyendo de la opresión y a sostener la dignidad de todo ser humano.

“A esos fines, la Iglesia Episcopal ha sostenido durante mucho tiempo un sólido programa de reasentamiento de refugiados para los que huyen de sus países al objeto de escapar de la persecución, la opresión y la guerra”, escribieron ellos, refiriéndose al Ministerio Episcopal de Migración, o EMM, con más de 75 años de existencia.

Los obispos dijeron que la prohibición de viajar de Trump “socaba significativamente los esfuerzos de las organizaciones religiosas en Estados Unidos, incluida la Iglesia Episcopal, de prestarles ayuda a los que huyen de la guerra y de la opresión. Para muchos estadounidenses, este tipo de trabajo asistencial con refugiados es una expresión de su fe y uno de los medios por los que mantienen su pacto con Dios”.

Las prohibiciones de viaje, escribieron ellos, “han causado y seguirán causando un perjuicio significativo a las organizaciones religiosas y a las mismas personas vulnerables a las que sirven” y “han debilitado y seguirán debilitando la misión vital de las organizaciones religiosas, y privarán a los estadounidenses de la oportunidad de practicar su fe a través del servicio a otras [personas] necesitadas”.

El EMM es una de nueve agencias que tiene contratos con el gobierno de EE.UU. para reasentar refugiados. Las otras agencias de reasentamiento son el Servicio Mundial de Iglesias, el Consejo Etíope de Desarrollo Comunitario, la HIAS (anteriormente conocido como la Sociedad de Ayuda a Inmigrantes Hebreos), el Comité de Rescate Internacional, el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, el Servicio de Migración y Refugiados de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. y Ayuda Mundial.

Greg Rickel, obispo de la Diócesis de Olympia, organizó el empeño del memorial de amici curiae, siguiendo su propia labor en dos decisiones semejantes cuando se presentaron impugnaciones a las prohibiciones de viaje a la altura del tribunal federal de apelaciones.

Los obispos no fueron los únicos episcopales que han alzado sus voces en el caso. Thomas H. Kean, que fue gobernador republicano de Nueva Jersey de 1982 a 1990 y presidente de la Comisión del 11 de septiembre, y John Danforth, senador republicano de Misurí de 1976 a 1995 y embajador ante las Naciones Unidas, forman parte de un grupo que también presentó su propio memorial de amicus.   Kean y Danforth, que tienen nexos con la Iglesia Episcopal, firmaron el memorial con otros republicanos ex miembros del Congreso o abogados que han trabajado con anteriores gobiernos republicanos.

Kean, Danforth y un tercer republicano en ese grupo arguyeron el 22 de abril en The New York Times que la Constitución le otorga al Congreso la potestad de hacer leyes migratorias y de viajes del extranjero y que “el Congreso no puede darle a ningún presidente el poder de desmantelar nuestros estatutos migratorios”

En tanto el Tribunal Supremo escuchaba los argumentos orales del caso el 25 de abril, el Washington Post informaba que algunos grupos defensores de la libertad religiosa habían evitado pronunciarse sobre la constitucionalidad de las prohibiciones de viaje y “están más preocupados de la manera en que el tribunal examinará los problemas legales que de los resultados efectivos”. El artículo destaca que otros grupos, tales como el de los obispos de la Iglesia Episcopal, la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU. el Comité Judío Americano, la Liga Antidifamatoria, la Liga Musulmana de Justicia y el Consejo Musulmán de Asuntos Públicos, se oponen activamente al decreto ejecutivo de Trump.

Muchos observadores que escucharon los argumentos orales les parece creer, dicho en palabras de Amy Howe del SCOTUSblog , que “una mayoría del tribunal (y tal vez hasta una sólida mayoría ) parece dispuesta a decidir a favor del gobierno y sostener el decreto en respuesta a preocupaciones y conjeturas del Presidente en asuntos de seguridad nacional”.

— La Rda. Mary Frances Schjonberg es jefa de redacción interina de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.