La refugiada siria Baraa Haj Khalaf, a la izquierda, besa a su padre, Khaled —mientras su madre, Fattoum, llora— a su llegada al Aeropuerto Internacional de O’Hare en Chicago, Illinois, el 7 de febrero. Foto de Kamil Krzaczynski /REUTERS.

[Episcopal News Service] El dictamen del tribunal federal de apelaciones del 9 de febrero que congelaba el restablecimiento de la interdicción temporal del gobierno de Trump al ingreso de refugiados fue bien recibido por los líderes episcopales del estado de Washington, en el cual la Diócesis de Olympia ha entablado una demanda legal por separado contra el decreto ejecutivo del Presidente.

La diócesis ayuda a coordinar el reasentamiento de 190 refugiados cada año. De los refugiados que ahora se disponen a llegar a la zona de Seattle, alrededor del 90 por ciento se espera que provengan de los siete países de mayoría musulmana que mencionaba el decreto de Donald Trump del 27 de enero, el que también excluía a visitantes y tenedores de visas de esas naciones. Un juez federal de Seattle congeló temporalmente la interdicción presidencial el 6 de febrero. Fue ese dictamen el que ratificaron el 9 de febrero los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco.

La Diócesis de Olympia y la Unión Americana de Libertades Civiles de Washington presentaron otra demanda  el 7 de febrero en la que impugnaban el decreto ejecutivo.

Los refugiados que habían sido retenidos en aeropuertos internacionales cuando Trump firmó el decreto ejecutivo se dirigen ahora al Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma. Sin embargo, la incertidumbre legal amenaza con cerrar la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de la diócesis, un escenario que el obispo Greg Rickel dijo que iría en contra de la misión de la Iglesia Episcopal.

“Este decreto ejecutivo es una violación de los principios fundacionales de nuestra nación”, dijo Rickel en un comunicado del 7 de febrero en que anunciaba la demanda legal. “Como miembro del Movimiento de Jesús, creo que Estados Unidos tiene una responsabilidad moral de recibir y ayudar a reasentar refugiados de los más de 65 millones de personas que se han visto desplazadas por la guerra, la violencia, el hambre y la persecución. Rechazar a estas personas vulnerables y limitar el fluyo de refugiados en nuestro país es deshonrar a Aquel a quien servimos”.

La ACLU del estado de Washington estuvo de acuerdo en ocuparse del caso sin cobrar honorarios y presentó la demanda legal en nombre de la Diócesis de Olympia. Dos estudiantes universitarios del estado de Washington cuyos nombres no se dieron a conocer también aparecen como acusadores en la demanda legal colectiva.

“Montones de otras demandas legales que se han presentado contra el decreto (ejecutivo) no abordaban específicamente las necesidades de los refugiados”, dijo Josh Hornbeck, director de comunicaciones de la diócesis. Pero el reasentamiento de refugiados es la razón fundamental de la demanda legal de la Diócesis de Olympia.

La Oficina de reasentamiento de Refugiados [de la diócesis] es una de las 31 afiliadas de toda la nación asociadas con  el Ministerio Episcopal de Migración (EMM por su sigla en inglés) en la tarea de encontrar hogares en 27 diócesis episcopales y 23 estados [de EE.UU.] a refugiados que escapan de la guerra, la violencia y la persecución en sus países de origen. Este año, se esperaba que llegaran 110.000 refugiados a Estados Unidos.  El Ministerio Episcopal de Migración  es una de las nueve agencias —más de la mitad de ellas de carácter religioso— que trabajan en asociación con el Departamento de Estado de EE.UU. para acoger y reasentar refugiados.

Esos empeños se tornaron caóticos a fines del mes pasado, cuando Trump, buscando cumplir una promesa de campana de imponer un “escrutinio extremo” de los refugiados, firmó un decreto ejecutivo por el que suspendía el reasentamiento de todos los refugiados durante 120 días mientras su administración revisaba un proceso de seguridad que puede tomar años. El decreto bloqueaba también la entrada durante 90 días de visitantes y tenedores de visas de Irak, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, e indefinidamente a los provenientes de Siria.

Mientras la reacción al decreto se materializaba en Estados Unidos a través de protestas, demandas judiciales y las propias interpretaciones de la Casa Blanca, los refugiados y los tenedores de visas inicialmente se quedaron en un limbo legal.

La Diócesis de Olympia estaba a punto de recibir a 12 individuos de cinco familias de refugiados cuando entró en vigor la prohibición del 27 de enero, pero esas familias se quedaron esperando en un aeropuerto en Kuwait, sin la posibilidad de abordar aviones para Estados Unidos, dijo Hornbeck. Otros 86 individuos ya habían sido evaluados y estaban a la espera de los resultados de los exámenes médicos antes de comprar sus boletos de avión para Seattle, pero de improviso el decreto ejecutivo les impidió el seguir adelante con esos planes.

Ahora que los que se oponen al decreto de Trump han obtenido una suspensión mientras la batalla legal procede, los empeños inmediatos de la Diócesis de Olympia en el reasentamiento de refugiados se reencaminan. Hornbeck dijo que cuatro de los 12 refugiados que había estado esperando abordar aviones en Kuwait debían llegar a Seattle el 10 de febrero.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados, al igual que las otras afiliadas al EMM, colabora con las congregaciones anfitrionas en preparar apartamentos para los refugiados que llegan y luego recibirles en los aeropuertos y llevarlos a sus nuevos hogares. En la zona de Seattle, esas viviendas suelen hallarse en las afueras de la ciudad, en comunidades donde los precios de las casas son menos caros, explicó Hornbeck. A los refugiados también los ayudan a encontrar empleos y a ajustarse a la nueva cultura.

La agencia de Seattle recibe dinero federal para ayudar con el reasentamiento; [en consecuencia] hasta una prohibición temporal podría causar suficiente perjuicio económico como para poner en entredicho la capacidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de seguir funcionando, dijo Hornbeck. El dinero para el reasentamiento de refugiados llega a la red de afiladas a través del EMM conforme a lo estipulado en un contrato con el gobierno federal.

El Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal prometió solidarizarse con los refugiados en tanto busca respuestas económicas y legales al decreto del Presidente.

El Consejo concedió $500.000 al Ministerio Episcopal de Migración como crédito de emergencia en lo que dura la suspensión del reasentamiento de refugiados de Trump y en la medida en que esa labor se reanude presuntamente en una escala más pequeña. También pidió que el Obispo Primado investigue si resulta “adecuado y aconsejable” defender en los tribunales el ministerio de reasentamiento de refugiados del EMM y la posición de la Iglesia respecto a que se indague la filiación religiosa de los refugiados.

– David Paulsen es redactor y reportero de Episcopal News Service. Traducción de Vicente Echerri.