[Episcopal News Service – Salt Lake City] La Convención General, en las últimas horas de su reunión de nueve días en esta ciudad, hizo obligatorio el sistema de solicitud presupuestaria diocesana, que actualmente es voluntario, para el ciclo del presupuesto 2019-2021 e impuso sanciones para los que no cumplan.

La Resolución Sustituta D013 también ajusta el canon de la Iglesia sobre el presupuesto al proceso que se ha venido usando en los últimos años para elaborar el presupuesto.

La aprobación final de la D013 se produjo después de que la Convención tomó la decisión relativamente inusual de remitir a un comité de conferencia la versión enmendada por los obispos de la Resolución D013. El proceso del comité de conferencia se usa para crear la forma definitiva de una resolución que ha de someterse a la consideración de ambas cámaras en un período de tiempo más breve del que tomaría devolver la resolución enmendada a su comité legislativo regular. La última vez que se usó [este recurso] fue en 1997, según la presidente de la Cámara de Diputados, Rda. Gay Clark Jennings, que participó en ella. En esa ocasión implicó la Resolución A053 para poner en vigor los derechos obligatorios de las mujeres clérigos conforme al estatuto canónico.

La tasación obligatoria no se aplicará al próximo presupuesto trienal 2016-2018, sino que entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Sin obtener dispensa, una diócesis que no pague la tasación completa no podrá obtener subvenciones o préstamos de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera (DFMS), a menos que el Consejo Ejecutivo apruebe específicamente el desembolso del dinero.

(La Domestic and Foreign Missionary Society (DFMS) es el nombre con el cual la Iglesia Episcopal está incorporada, funciona empresarialmente y lleva a cabo la misión).

La resolución le permite al Consejo comenzar a otorgar dispensas a diócesis que no pagan, basándose en dificultades económicas, a partir del 1 de enero de 2016. El Consejo convino en enero en crear un llamado Comité de Revisión de Tasaciones Diocesanas para trabajar con aquellas diócesis que no cumplen con la totalidad de la solicitud denominacional.

El obispo de la República Dominicana, Julio César Holguín Khoury, se dirigió a los obispos a través de un intérprete durante el debate sobre la resolución, el 3 de julio, diciendo: “por favor, tomen nota del hecho de que hay algunas diócesis que reciben subsidios para ayudarlas en su función presupuestaria, y por lo que entiendo aquí se les está exigiendo que paguen la cantidad total de lo que aquí se especifica. Eso sería muy difícil, por ejemplo, para las diócesis de la IX Provincia que no podrían cumplir ese mandato”.

A lo cual el obispo de la Florida John Howard replicó: “Esas son precisamente las circunstancias que esta resolución contempla y por las cuales lo más probable es que se otorgue una dispensa”.

El presupuesto 2016-2018 que la Convención adoptó el 2 de julio se basa en parte en solicitar que las diócesis y zonas regionales de misión contribuyan con un 18 por ciento de sus ingresos para financiar el presupuesto de 2016; un 16,5 por ciento para el presupuesto de 2017 y un 15 por ciento para el de 2018.

La contribución diocesana de cada año en el presupuesto trienal se basa en el ingreso de la diócesis de dos años antes, menos $120.000. A las diócesis se les pidió este año que contribuyeran con un 19 por ciento de sus ingresos de dos años antes, menos $120.000. El presupuesto 2016-2018 aumenta la exención a $150.000.

De las 109 diócesis y tres zonas regionales, 49 diócesis pagaron la totalidad de la solicitud o más en 2014. Una lista de los compromisos y pagos diocesanos de 2013 y de los compromisos de 2014 puede verse aquí.

Una copia del presupuesto se encuentra aquí.

La principal razón de un comité de conferencia que se reunió el 3 de julio para perfeccionar una versión de la resolución sobre la cual ambas cámaras pudieran convenir fue que los obispos enmendaron la resolución propuesta por el Comité Legislativo sobre Gobierno y Estructura de la Convención General y adoptada por los diputados al eliminar el texto que proporciona un estipendio al presidente de la Cámara de Diputados.

El Equipo de Trabajo para Reinventar la Iglesia Episcopal pidió esa compensación en su informe a la Convención (página 12 aquí) y en su Resolución original A004.

“Cuando alguien se ofrece voluntariamente para hacer un trabajo, no constituye una injusticia no pagarle”, dijo el obispo Steven Miller, de la Diócesis de Milwaukee, durante el debate en la Cámara de Obispos el 3 de julio.

El obispo de Colorado, Rob O’Neill, que después participaría en el comité de conferencia, le dijo a sus colegas durante el mismo debate que “debe sostenerse una conversación cuidadosa y considerada al margen del lenguaje que nos impone la revisión canónica”. Él dijo que quería darle tiempo y espacio a esa conversación para que se produjera en lugar y de manera adecuados.

El comité de conferencia añadió 10 decisiones respecto a un salario para el presidente de los diputados, en los que hacen notar que los papeles tanto del Obispo Primado como del presidente de los Diputados continúan evolucionando y la vida y la obra de la Iglesia como un todo “se encuentran en un momento de transición substancial” al tiempo que “las estructuras de la Iglesia siguen evolucionando”. Hay “crecientes demandas de tiempo y energía” del[de la] presidente de la Cámara de Diputados, que también sirve como vicepresidente de la Sociedad Misionera Nacional y Extranjera y vicepresidente del Consejo Ejecutivo.

La resolución señala que “la Cámara de Diputados es de la opinión que sólo personas jubiladas o que cuentan con recursos económicos sustanciales tienen la capacidad económica para servir como presidentes de la Cámara de Diputados”, pero que [la Cámara] debería poder elegir a un presidente sin tener en cuenta sus circunstancias económicas. Y la resolución dice que los diputados creen que el salario es cuestión de justicia y que es importante para la Iglesia “explorar completa y abiertamente los problemas del liderazgo”, incluida la compensación del [de la] presidente.

“La Cámara de Obispos entiende y aprecia la contundencia de la posición de la Cámara de Diputados, y las cuestiones de justicia que le son inherentes”, decía la resolución.

La resolución pide que el Obispo Primado y el presidente de la Cámara de Diputados nombren conjuntamente un equipo de trabajo para considerar los temas del liderazgo y la compensación. El equipo de trabajo hará recomendaciones a la próxima reunión de la Convención.

Sally Johnson, diputada de Minnesota, que presidió el comité de conferencia, así como el comité de gobierno y estructura, dijo a los diputados que el comité de conferencia, compuesto por ella, el vicepresidente de los diputados Byron Rushing, el diputado del Sureste de la Florida Tom O’Brian, el obispo de la Florida John Howard, el obispo de Colorado Rob O’Neill y el obispo de Pensilvania Noroccidental Sean Rowe (que también es obispo provisional de Bethlehem) trabajó durante más de tres horas en la resolución de avenimiento. Fue, dijo ella, “una discusión franca, sincera y muy positiva”.

Los obispos, agregó, “expresaron preocupación” de que fuera prematuro añadir un estipendio para el[la] presidente de los diputados en este momento sin más estudio y consideración.

El lenguaje de la resolución “probablemente no es perfecto”, dijo ella, añadiendo que podría haber sido “más perfecto” de no haberse redactado en medio de la última jornada legislativa de la Convención.

Luego de que los diputados aprobaran la resolución del comité de conferencia en una votación de 684 a 84, Jennings encomió el proceso del comité de conferencia, definiéndolo como uno de los instrumentos disponibles para fomentar “la comunicación, la colaboración y la conversación” con la Cámara de Obispos.

– La Rda. Mary Frances Schjonberg es redactora y reportera de Episcopal News Service. Tracy Sukraw es miembro del equipo de ENS en la Convención General. La Rda. Pat McCaughan, corresponsal de ENS, colaboró con este artículo. Traducción de Vicente Echerri.