La Convención procede a equilibrar la justicia ‘ambiental’ y ‘económica’

Por Lynette Wilson
Posted Jul 26, 2012

Kivalina es la única aldea de la región del Noroeste de Alaska cerca al Ártico donde todavía cazan la ballena boreal, una tradición cultural y un sostén dietético que se ha visto severamente afectado por el adelgazamiento del hielo. En otro tiempo, los cazadores acampaban sobre el hielo durante semanas seguidas; en la actualidad, solo se quedan unos cuantos días y buscan sobre todo las ballenas que se han extraviado de la manada. Esta foto histórica muestra a un equipo de balleneros y se le debe a la cortesía de Janet Mitchell.

[Episcopal News Service] En los últimos 20 años el estado de Iowa ha experimentado tres inundaciones críticas, la última, en 2008, dejó casi un tercio del estado bajo el agua.

“Fue una inundación de [esas que ocurren cada] 500 años, que causó daños por $60.000 millones”, dijo la Muy Rda. Cathleen Bascom, deana de la iglesia catedral de San Pablo [St. Paul] en el centro de Des Moines, añadiendo que la frecuencia de las inundaciones “es lo que nos abrió los ojos al problema del cambio climático”.

La catedral, que está situada en la calle High, junto con las otras cuatro restantes “iglesias viejas”, resistió las tormentas, pero las zonas bajas -habitadas en su mayoría por personas de bajos ingresos e inmigrantes- “fueron las que más sufrieron”, dijo ella.

“Uno de los problemas de justicia económica de las que me hice consciente luego de la inundación fue que dejaron que el dique sobre Birland [un barrio que queda en terrenos bajos al norte de Des Moines] siguiera endeble, y en consecuencia se rompió”, dijo Bascom, añadiendo que las zonas río abajo, incluido el distrito financiero de la ciudad, han experimentado una re-aristocratización. “De manera que el agua no constituyo, por tanto, una amenaza para las propiedades más caras”.

Bascom, diputada por Iowa a la 77ª. Convención General en Indianápolis del 3 al 13 de julio, testificó ante el Comité de Asuntos Nacionales e Internacionales [en la Convención] a favor de una resolución que aborde el tema de la justicia medioambiental (B023).

En una entrevista telefónica con el Servicio de Prensa Episcopal posterior a la Convención, Bascom dijo que una de las cosas que a ella le gustó de la resolución fue que hace un llamado a la acción, que suplica a las instituciones, la Iglesia, las diócesis y congregaciones que “apoyen la implementación de soluciones al cambio climático a partir de las bases, de la comunidad”, entre ellas la restauración ecológica, promoviendo la soberanía alimentaria y haciendo adaptaciones locales a favor de la capacidad de recuperación. Esto último es algo que la catedral ya ha hecho al atenuar los residuos de agua de la tormenta.

Al reemplazar el asfalto deteriorado con pavimento permeable y un sistema de filtración, la catedral tiene la capacidad de mantener una cantidad de agua equivalente a 12 piscinas al margen del sistema de alcantarillado desbordado por la tormenta y al margen del río, dijo Bascom. La catedral también plantó un jardín, incluidas algunas especies de plantas nativas como hierbas silvestres, que es irrigado por el agua. El jardín sirve también como una “estera de bienvenida” y le da un respiro a los trabajadores vecinos al tiempo que es un laboratorio de conservación para niños urbanos, añadió ella.

Además de la B023, la Convención General aprobó la Resolución D055, que aboga por una política pública que reduzca las emisiones que provocan el cambio climático. Tanto la B023 como la D055, además de otras resoluciones anteriores de la Convención General, constituyen los fundamentos de la labor de justicia medioambiental y económica en el próximo trienio.

“Para mí, dos de los problemas acerca de los cuales la Iglesia está llamada a mostrarse cada vez más visible y activa son el cambio climático y la pobreza y la inequidad económica”, dijo Michael Schut, funcionario encargado de asuntos ambientales y económicos de la Iglesia Episcopal. “La Resolución B023 nos llama a ‘resistir el desarrollo y la expansión de fuentes de combustible fósil cada vez menos convencionales, así como más peligrosas y destructoras del medio ambiente”.

“Esa resistencia puede significar que debamos salir a las calles a protestar pacíficamente por esos empeños. Tal resistencia obviamente responde al llamado a ser más activo respecto al cambio climático. Pero la resolución reconoce que en tal resistencia la Iglesia debe apoyar a los que podrían perder sus empleos en la transición de una economía basada en combustibles fósiles a una economía de energía limpia… lo cual responde al llamado a abordar [el problema de] la pobreza”.

Sin embargo, la necesidad de proteger el medio ambiente al tiempo de laborar simultáneamente por mitigar la pobreza, con frecuencia puede dejar a los episcopales en el frente sintiéndose en desacuerdo, especialmente en estados como Pensilvania, donde la tasa de desempleo es alta y donde la gente por generaciones ha vivido del trabajo en las minas y en los yacimientos de petróleo y de gas.

“Encontrar la justa mezcla de justicia social que representa la buena mayordomía que hace la Iglesia del medio ambiente y su amor e interés por las personas y por aliviar la pobreza no es un camino fácil”, dijo Joan Gundersen, quien fue diputada por la Diócesis de Pittsburgh y miembro del Comité de Asuntos Nacionales e Internacionales de la Convención, en una entrevista con el Servicio de Prensa Episcopal el 17 de julio.

En Pittsburgh, la diócesis tiene “un doble interés”, explicó Gundersen: “Por supuesto, estamos interesados en el medio ambiente, y cerciorándonos de que todo lo que se hace, se haga con prudencia, pero también estamos al corriente de las altas tasas de desempleo y de la necesidad de trabajo”.

Pittsburgh se encuentra asentada sobre el esquisto de Marcellus, una enorme reserva de gas natural que subyace a más de kilómetro y medio debajo de la superficie y abarca una zona que se extiende dese Nueva York a través de partes de Pensilvania y penetra en Ohio y Virginia Occidental. Dada su localización cerca de importantes centros de población del este de Estados Unidos, algunos ven [el esquisto de] Marcellus como un yacimiento maduro para la explotación.

En 2010, el municipio de Pittsburgh aprobó prohibirles a las corporaciones las perforaciones en busca de gas natural, incluida la fracturación hidráulica, dentro de los límites de la ciudad. La diócesis, que incluye zonas rurales con una alta tasa de desempleo como el norte de Cambria, no ha asumido una postura sobre la fracturación y no ha sostenido una “conversación a fondo” sobre el asunto, dijo Gundersen. Además, la Convención descartó una resolución en contra de “la fracturación riesgosa”.

Durante una audiencia sobre la resolución D055, Gundersen testificó que lograr que aceptaran la resolución en Pittsburgh no resultaría difícil, pero no sería lo mismo en las zonas rurales circundantes.

“Cuando uno está en el campo donde el 39 por ciento de la población se encuentra desempleada y estos combustibles representan su sustento”, dijo ella, “¿cómo uno la propone en las deprimidas zonas rurales de las minas de carbón?”.

A diferencia de Virginia Occidental -donde el estado recibe una buena tajada de las ganancias generadas por la extracción de recursos, los cuales puede utilizar en la reparación de carreteras y en proyectos de restauración medioambiental- Pensilvania, donde la infraestructura y la regulación van un poco a la zaga, no recibe los mismos ingresos. Y dependiendo de donde uno se encuentra en Pensilvania, la reacción es desigual tocante a la contaminación ambiental, su alcance y su existencia, agregó.

Una planta procesadora de gas natural, añadió Gundersen, se espera que abra a lo largo de la frontera entre Pensilvania y Ohio y lleve al menos 2.000 puestos de trabajo a la zona.

La explicación de la Resolución D055 dice: “Otros costos de los combustibles fósiles incluyen derramamientos de petróleo, contaminación del agua subterránea con mercurio y otros contaminantes provenientes de las minas de carbón, y un inadecuado almacenamiento de desechos radioactivos como resultante de la hidrofracturación. Hay altos costos concomitantes de salud que provienen de la exposición a esos contaminantes…”

Y prosigue [la resolución], “el uso continuo de combustibles fósiles no es sostenible”.

También durante el testimonio, la Rda. Barbara Schlachter, visitante a la Convención proveniente de la Diócesis de Iowa y quien ayudó a fundar [la organización] Activistas del Clima en Iowa City, llamó la atención sobre lo que en verdad cuestan de los combustibles de bajo costo, como se señalaba en la explicación de la resolución, y pidió apoyo para las fuentes de energía renovables. Schlachter dijo que reducir la dependencia de los combustibles fósiles era una “cuestión moral”.

“¿Qué va a ocurrirle a nuestro medio ambiente, a nuestra atmósfera -preguntó ella. Es [el cambio climático] que ya ha llegado a algunas partes y se acerca aquí”.

Durante su testimonio sobre la B023 ante el comité, Austin Swan Sr., diputado de la Diócesis de Alaska y residente de Kivalina, una comunidad isla iñupiaq donde el cambio climático amenaza la continua existencia de la comunidad, compartió su experiencia.

“He vivido durante toda mi vida en Kivalina, nací y me crié allí. Cuando yo era niño, teníamos probablemente dos tercios más de tierra, y ahora tenemos el 35 por ciento de esa tierra, toda esta pérdida se debe fundamentalmente a la erosión de los últimos cuatro o cinco años”, dijo él.

Y a pesar de vivir en un ambiente rico en recursos naturales, entre ellos la mayor mina de zinc del mundo localizada río arriba, explicó Swan: “Seguimos viviendo en condiciones del tercer mundo. ¿Adónde se va ese dinero?”

Propuesta por Mark Lattime, obispo de Alaska, la resolución expresa “Que la 77ª. Convención General de la Iglesia Episcopal se muestra solidaria con esas comunidades que sufren las mayores secuelas del cambio climático global: pueblos indígenas, comunidades de subsistencia, comunidades de color y personas que viven envilecidas en todo el mundo…”

La aldea de Kivalina se encuentra en la punta de una isla barrera con una extensión de entre 9 y 12 kilómetros de largo -alrededor de medio kilómetro en su parte más ancha- y de 128 a 193 kilómetros por encima del Círculo Polar Ártico, entre el mar de Chukotka y la laguna Kivalina en Alaska. Es el hogar de alrededor de 400 personas y sólo se puede llegar al sitio por avión y barco en verano y por avión y motonieve en invierno.

De las 200 comunidades costeras nativas de Alaska, diversos grados de erosión afectan a unas 180 de ellas, según la Oficina de Contaduría General del gobierno. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. ha dicho que Kivalina es una de las tres comunidades nativas que necesita relocalización.

Tal como quedó dicho en la explicación de la resolución, Kivalina “ha estado en creciente riesgo permanente debido al cambio climático global. La pérdida de hielo marino ha dado lugar a un aumento de la erosión costera, falla del terreno y condiciones inestables si no peligrosas para la práctica de la caza de subsistencia”.

En 2008, la aldea de Kivalina presentó una demanda legal contra 24 compañías petroleras, carboneras y de electricidad, entre ellas Exxon Mobile Corp., Conoco Phillips y BP. La demanda alega que, como destacados responsables de las emisiones de gas [que producen el efecto] invernadero, las corporaciones han exacerbado el calentamiento global y, en consecuencia, han acelerado la erosión en Kivalina dejando a la isla vulnerable a aumentos del nivel del mar e inundaciones debido a tormentas.

Además, la explicación de la resolución dice que la Shell Oil se disponía a comenzar una exploración petrolera este mes en el mar de Chukotka, “la fuente más profunda de alimento, así como identidad cultural y espiritualidad de los iñupiaq”.

Marc Andrus, el obispo de California, que respaldó la B023 y que integró el Comité de Asuntos Nacionales e Internacionales, dijo que el pueblo de Kivalina “se identifica con la isla y sus alrededores” y mudarse de allí no es tan sencillo como mudarse de Alabama para San Francisco, como hizo él cuando se convirtió en obispo.

No difiere de lo que pasa con los guaraníes, una tribu indígena formalmente nómada en Brasil que ha perdido mucho de su tierra ancestral, para el pueblo de Kivalina mudarse “es una especie de muerte”, dijo él.

(A través de una relación de compañerismo con la Diócesis de Curitiba en Brasil, la Diócesis de California ha apoyado los empeños de la Iglesia Anglicana de Brasil en defensa de los guaraníes).

Mientras estaba en la Convención, escuchando las historias de los guaraníes y la situación en Kivalina, que se encuentran en situaciones “mucho más extremas”, Bascom se acordaba, dijo después, de una conferencia que dictó una vez el arzobispo de Cantórbery Rowan Williams titulada: “Renovar la faz de la Tierra: responsabilidad humana y medio ambiente”, en la cual él dijo:

“Es posible debatir respecto al grado exacto en que la intervención humana es responsable de estos fenómenos… pero no es posible racionalmente negar lo que los habitantes de las tierras bajas en el mundo enfrentan habitualmente como la amenaza más inminente a sus vidas y medios de sustento”.

— Lynette Wilson es redactora y reportera del Servicio de Prensa Episcopal. Traducido por Vicente Echerri.


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